La Comisión Interamericana de Derechos Humanos la declaró imprescriptible.
El juicio oral y público por la privación ilegal de la libertad de Walter Bulacio, quien fue llevado a una comisaría la Capital Federal cuando esperaba entrar a un recital en el estadio Obras en 1991 y murió días después, se realizaría en principio en marzo de 2011, informaron fuentes judiciales.
Los voceros indicaron que el Tribunal Oral en lo Criminal 28 de esta capital, integrado por los jueces Rodolfo Goerner, María Deluca Giacobini y Alejandro Litvack, está "ajustando la agenda" para fijar fecha del debate.
La causa, que ya lleva 20 años de tramitación, tiene un único imputado: el ex-comisario de la Policía Federal, Miguel Angel Espósito, quien está acusado por el delito de "privación ilegal de la libertad" pero no por homicidio. De hecho, Espósito fue sobreseído por la acusación de "homicidio" y no podrá ser juzgado ni condenado por ese delito.
Las fuentes revelaron que el tribunal ordenó exámenes médicos sobre el único imputado, quien sufre un cuadro de hipertensión arterial y padeció un infarto cardíaco hace poco más de un año. Por ello, el tribunal evalúa realizar el juicio oral con la presencia permanente de un médico en la sala y una ambulancia apta para cuidados coronarios intensivos en la puerta de la sede judicial, en la calle Paraguay al 1500 de esta Capital.
Bulacio fue detenido junto a varias decenas de otras personas -muchas de ellas menores de edad- durante una razzia cuando esperaba entrar a un recital de "Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota" que se iba a realizar en el estadio Obras, en Avenida Del Libertador al 7400 de esta capital.
El arresto se produjo el 19 de abril de 1991 y el chico, que tenía 17 años, fue llevado a la comisaría 35a. Según las investigaciones, Bulacio fue golpeado y sufrió un "aneurisma no traumático" cuando estaba alojado en la seccional. Golpeado, inconsciente, y sin que la policía informara a su familia o un juez de menores sobre la situación, Bulacio murió una semana más tarde en el hospital. El caso pasó por más de 30 jueces, hasta que la Cámara del Crimen la declaró prescripta.
Sin embargo, llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que declaró al caso como de "lesa humanidad" y, en consecuencia, imprescriptible. El fallo condenatorio de ese tribunal continental impuso al Estado argentino varios requisitos, como efectivizar un resarcimiento económico a la familia del chico e investigar toda la línea de responsabilidades de las fuerzas de seguridad y políticas en el episodio. Además, ordenó que se prohíba el arresto de menores de edad en razzias o por averiguación de antecedentes. Y así, en este marco, en diciembre de 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que se reabriera la investigación del hecho.
MINUTOUNO.COM
Enviado por Ezequiel Battaglia
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