Cada vez más tierras argentinas pasan a manos extranjeras. El proceso se acrecentó a principios de los 90 y se ha venido agudizando desde entonces. Si bien no hay datos fehacientes, la Federación Agraria Argentina (FAA) estima que suman entre 18 y 20 millones las hectáreas cuyos dueños son grandes empresas y magnates foráneos. Se convirtieron así en los mayores terratenientes del país. A la cabeza, están los italianos Carlo y Luciano Benetton, seguidos por los norteamericanos Ted Turner y Douglas Tompkins, y el inglés Joseph Lewis. También las empresas Arauco y Alto Paraná (Chile), el grupo estadounidense AIG, Cresud (Grupo Soros), Nieves de Mendoza (británica) y Walbrook (anglo-malayo), entre otros.
Hasta ahora, en nuestro país, no existe una legislación que impida la compra de grandes territorios por parte de extranjeros, ya que por el artículo 20 de la Constitución Nacional gozan de los mismos derechos que los argentinos. En el Congreso, sin embargo, hay más de una treintena de proyectos presentados proponiendo limitar estas operaciones, pero ninguno aprobado. Hasta ahora, sólo la Constitución de Corrientes, en su reciente reforma de junio del 2007, incluyó un artículo –el 61- que prohíbe a los extranjeros sin residencia permanente y a las sociedades conformadas por personas o capitales foráneos “adquirir inmuebles en las zonas de seguridad o en áreas protegidas o que constituyan recursos estratégicos”.
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Hasta ahora, en nuestro país, no existe una legislación que impida la compra de grandes territorios por parte de extranjeros, ya que por el artículo 20 de la Constitución Nacional gozan de los mismos derechos que los argentinos. En el Congreso, sin embargo, hay más de una treintena de proyectos presentados proponiendo limitar estas operaciones, pero ninguno aprobado. Hasta ahora, sólo la Constitución de Corrientes, en su reciente reforma de junio del 2007, incluyó un artículo –el 61- que prohíbe a los extranjeros sin residencia permanente y a las sociedades conformadas por personas o capitales foráneos “adquirir inmuebles en las zonas de seguridad o en áreas protegidas o que constituyan recursos estratégicos”.
Según el abogado ambientalista Andrés Nápoli, “cualquier regulación que se vaya a tomar requiere una reforma constitucional previa porque una resolución que no permitiera el libre acceso a la propiedad privada sería inconstitucional ya que afectaría el principio de igualdad de los argentinos respecto de los extranjeros y constituiría una clara discriminación”.
Para el vicepresidente de la FAA, Pablo Orsolini, “el problema de la extranjerización de las tierras es que la mayoría de las empresas foráneas compran en zonas de riquezas de recursos naturales, especialmente donde hay agua dulce, que pasa así a manos privadas. Hoy estamos viendo la guerra por el petróleo, mañana será por el agua”.
Nápoli advierte, sin embargo, que “el agua no es privada, sino que pertenece al Estado, por más que tengan un campo privado asentado arriba. El problema es ver, primero, qué hace el Estado provincial con el agua y, segundo, qué hace el dueño de la tierra, más allá de su nacionalidad. En Corrientes, de hecho, existe un Código de Agua y el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente que debe aplicar la normativa. Pero actualmente no lo hace”.
A medida en que fue aumentando la compra de tierras por extranjeros, se multiplicaron las voces de rechazo y se enciendieron cada vez más luces de alerta respecto de su uso, explotación y el cuidado del medio ambiente. Desde la Iglesia, hasta legisladores de distinto signo advierten que no se trata sólo de una cuestión de pérdida de soberanía, sino también de manejo de recursos naturales, en un mundo donde cada vez están más disputados, y de “seguridad” cuando incluyen zonas de frontera.
Según Orsolini, el otro peligro es la concentración - tanto extranjera como nacional- “porque estas empresas no compran 100 o 50 hectáreas, sino miles, lo que implica la expulsión de pequeños productores y la desaparición de los pueblos del interior”.
En algunos casos, los productores locales que se ven “tentados” a vender sus tierras por un valor irrisorio en términos del mercado mundial y, en otros, son forzados a deshacerse de ellas. Las comunidades nativas han corrido peor suerte: son expulsadas de su hábitat ancestral bajo el argumento de que se trata de tierras fiscales, con el agravante de que ni siquiera son relocalizados. El amedrentamiento incluye no sólo el hostigamiento físico -e incluso la detención por parte de la Policía- sino también sobrevuelos rasantes de avionetas, incendios de campos y matanza de animales para aumentar la presión.
Un personaje polémico
Para Nápoli, “más que fijarse en la bandera, hay que ver qué hace el privado con la tierra”. Cita como ejemplo al norteamericano Tompkins quien –según él- “está haciendo preservación privada”. Así lo explica: “Tiene una trayectoria en Chile, donde adquirió 600.000 hectáreas que transformó en parques nacionales de acceso público. Acá, compró tierras en un área de reserva provincial y me consta que desarrolla un proyecto de conservación”.
Tompkins canaliza muchas de estas operaciones a través de sus fundaciones: Patagonia Land Trust Argentina S.A., Conservation Land Trust y la Fundación Ecos.
Nápoli–que es asesor en cuestiones legales de la Conservation Land Trust fundada por Tompkins- informa que lleva una serie de acciones judiciales de pobladores de los Esteros del Iberá – conectados con el acuífero Guaraní, una de las principales reservas de agua dulce del mundo-, contra ganaderos y arroceros locales. “Los pobladores son apoyados por el propio Tompkins, ya que esos productores de arroz están destrozando la zona”, precisa. Nápoli patrocina una demanda contra la empresa chilena Forestal Andina, por la construcción de un terraplén de casi 30 km en la zona.
Desde la FAA, afirman ser “los principales opositores” a este multimillonario, quien tras adquirir tierras en la Patagonia, comenzó a hacerlo en Corrientes. “Tompkins compró un campo de 70.000 hectáreas al grupo Pérez Companc en los esteros del Iberá, junto con Forestal Andina, y empezaron a expulsar a pobladores históricos del lugar. Ahora, gracias a la reforma de la Constitución de Corrientes, se está devolviendo los terrenos a la gente, pero todavía muchos no volvieron”, sostiene Orsolini.
Sin embargo, Tompkins arguye que adquiere tierras para luego “donárselas a la agencia de conservación provincial o nacional que corresponda” y que “asiste a las familias para que obtengan títulos de propiedad”.
Respecto de este afán ecologista del magnate, Orsolini opina: “Nosotros no le creemos y menos a un norteamericano porque seguro que detrás de ellos hay un fin económico y de quedarse con los recursos naturales argentinos”.
¿Debería limitarse la compra de tierras por parte de extranjeros?
¿Se trata de una cuestión entre privados o una cuestión de Estado?
Para el vicepresidente de la FAA, Pablo Orsolini, “el problema de la extranjerización de las tierras es que la mayoría de las empresas foráneas compran en zonas de riquezas de recursos naturales, especialmente donde hay agua dulce, que pasa así a manos privadas. Hoy estamos viendo la guerra por el petróleo, mañana será por el agua”.
Nápoli advierte, sin embargo, que “el agua no es privada, sino que pertenece al Estado, por más que tengan un campo privado asentado arriba. El problema es ver, primero, qué hace el Estado provincial con el agua y, segundo, qué hace el dueño de la tierra, más allá de su nacionalidad. En Corrientes, de hecho, existe un Código de Agua y el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente que debe aplicar la normativa. Pero actualmente no lo hace”.
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A medida en que fue aumentando la compra de tierras por extranjeros, se multiplicaron las voces de rechazo y se enciendieron cada vez más luces de alerta respecto de su uso, explotación y el cuidado del medio ambiente. Desde la Iglesia, hasta legisladores de distinto signo advierten que no se trata sólo de una cuestión de pérdida de soberanía, sino también de manejo de recursos naturales, en un mundo donde cada vez están más disputados, y de “seguridad” cuando incluyen zonas de frontera.
Según Orsolini, el otro peligro es la concentración - tanto extranjera como nacional- “porque estas empresas no compran 100 o 50 hectáreas, sino miles, lo que implica la expulsión de pequeños productores y la desaparición de los pueblos del interior”.
En algunos casos, los productores locales que se ven “tentados” a vender sus tierras por un valor irrisorio en términos del mercado mundial y, en otros, son forzados a deshacerse de ellas. Las comunidades nativas han corrido peor suerte: son expulsadas de su hábitat ancestral bajo el argumento de que se trata de tierras fiscales, con el agravante de que ni siquiera son relocalizados. El amedrentamiento incluye no sólo el hostigamiento físico -e incluso la detención por parte de la Policía- sino también sobrevuelos rasantes de avionetas, incendios de campos y matanza de animales para aumentar la presión.
Un personaje polémico
Para Nápoli, “más que fijarse en la bandera, hay que ver qué hace el privado con la tierra”. Cita como ejemplo al norteamericano Tompkins quien –según él- “está haciendo preservación privada”. Así lo explica: “Tiene una trayectoria en Chile, donde adquirió 600.000 hectáreas que transformó en parques nacionales de acceso público. Acá, compró tierras en un área de reserva provincial y me consta que desarrolla un proyecto de conservación”.
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Tompkins canaliza muchas de estas operaciones a través de sus fundaciones: Patagonia Land Trust Argentina S.A., Conservation Land Trust y la Fundación Ecos.
Nápoli–que es asesor en cuestiones legales de la Conservation Land Trust fundada por Tompkins- informa que lleva una serie de acciones judiciales de pobladores de los Esteros del Iberá – conectados con el acuífero Guaraní, una de las principales reservas de agua dulce del mundo-, contra ganaderos y arroceros locales. “Los pobladores son apoyados por el propio Tompkins, ya que esos productores de arroz están destrozando la zona”, precisa. Nápoli patrocina una demanda contra la empresa chilena Forestal Andina, por la construcción de un terraplén de casi 30 km en la zona.
Desde la FAA, afirman ser “los principales opositores” a este multimillonario, quien tras adquirir tierras en la Patagonia, comenzó a hacerlo en Corrientes. “Tompkins compró un campo de 70.000 hectáreas al grupo Pérez Companc en los esteros del Iberá, junto con Forestal Andina, y empezaron a expulsar a pobladores históricos del lugar. Ahora, gracias a la reforma de la Constitución de Corrientes, se está devolviendo los terrenos a la gente, pero todavía muchos no volvieron”, sostiene Orsolini.
Sin embargo, Tompkins arguye que adquiere tierras para luego “donárselas a la agencia de conservación provincial o nacional que corresponda” y que “asiste a las familias para que obtengan títulos de propiedad”.
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Respecto de este afán ecologista del magnate, Orsolini opina: “Nosotros no le creemos y menos a un norteamericano porque seguro que detrás de ellos hay un fin económico y de quedarse con los recursos naturales argentinos”.
¿Debería limitarse la compra de tierras por parte de extranjeros?
¿Se trata de una cuestión entre privados o una cuestión de Estado?
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